Formulario de demanda contencioso administrativa

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El artículo 117 de la Constitución española de 1978 establece que el principio de unidad del poder judicial es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. Este principio se traduce en la existencia de un poder judicial único que compone los tribunales ordinarios. Existen numerosos tribunales, entre los que se distribuye el trabajo según los criterios que determinan la competencia -materia, cuantía, persona, función o región-, ya que la unidad del poder judicial no excluye la existencia de distintos tribunales con diferentes ámbitos de competencia.
Estos principios informan la organización de los tribunales en España, dando lugar a la existencia de un único cuerpo de jueces que forman el poder judicial y que son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente a la Constitución y al Estado de Derecho.
Existen numerosos tribunales, entre los que se distribuye el trabajo según los distintos criterios de determinación de la competencia establecidos por la ley -materia, cuantía, persona, función o región-, ya que la unidad del poder judicial no impide la existencia de distintos tribunales con diferentes ámbitos de competencia. Los tribunales ejercen su potestad jurisdiccional exclusivamente en los casos en que la ley se lo atribuye.

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Las peculiaridades del procedimiento administrativo español suelen desconcertar a las personas cuyos países no conceden a las autoridades/administraciones públicas privilegios especiales para investigar y determinar su propia responsabilidad. Aquí pretendemos ofrecer una breve visión general del sistema y señalar algunas repercusiones prácticas para las aseguradoras.
Los procedimientos administrativos no son judiciales y suelen comenzar con una acción/resolución/ley administrativa que provoca un siniestro. Algunos ejemplos comunes son las reclamaciones por negligencia médica en el sector de la sanidad pública, las órdenes de expropiación forzosa y las autorizaciones de construcción. Un perjudicado o afectado puede reclamar a la misma administración pública que ha causado el daño. También es esta misma administración la que evalúa los argumentos y dictamina sobre la responsabilidad.

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Algunas de ellas, por supuesto, ya han sido afrontadas por el legislador en diferentes textos, más lejanos o recientes. De hecho, las normas que han cambiado o que complementan en algunos aspectos la competencia de la jurisdicción son ya tan numerosas y dispersas que justificarían una refundición en sí misma.
Desde este último punto de vista, la reforma compacta las medidas que garantizan la plenitud material de la tutela judicial en el orden administrativo-administrativo y el criterio favorable al ejercicio de las acciones y El Tribunal de Justicia ha estado a favor del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La preocupación por lograr un equilibrio entre las garantías, tanto de los derechos e intereses públicos y privados en juego, como del derecho y la calidad de las decisiones judiciales, con la celeridad de los procesos y la eficacia del tribunal es uno de los ejes de la reforma. Pues es evidente que una justicia tardía o meramente cautelar no satisface el derecho que el artículo 24.1 de la Constitución reconoce.

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En una sentencia de 12 de junio de 2013, el Tribunal Supremo español confirmó que era posible discriminar entre diferentes problemas técnicos objetivos dentro del mismo conjunto de reivindicaciones. En consecuencia, una reivindicación independiente puede ser considerada obvia y, sin embargo, una de sus reivindicaciones dependientes podría seguir considerándose válida, siempre que reivindique una característica adicional que proporcione una solución no obvia a otro problema objetivo distinto. El Tribunal Supremo también consideró que, al evaluar la actividad inventiva, es necesario tener en cuenta las enseñanzas de la especificación de la patente, aunque no formen parte del estado de la técnica.

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